La novela judicial que enfrenta al alcalde, un fiscal y un juez en Santa Marta
La respuesta de la fiscalía
ante la decisión judicial de no cobijar con medida de aseguramiento a Rafael
Martínez y Carlos Caicedo ha desatado una polémica. Se anticipa que miles de
personas saldrán a la calle a respaldar a los dos mandatarios.
La decisión que adoptó el juez octavo penal municipal de Santa
Marta, Gabriel Modesto Ospino Guzmán, de no cobijar con medida de aseguramiento
al alcalde Rafael Martínez y el exalcalde Carlos Caicedo, ha desatado una nueva
polémica en la capital del Magdalena.
La controversia inició durante la audiencia de imputación de los
dos mandatarios, en la que el fiscal Salustiano Fortich solicitó medida de
aseguramiento en contra de los mandatarios, pero omitió dar traslado a las
partes del material probatorio necesarias.
El hecho configuró una falla procedimental grave que mermó las
garantías de los indiciados al no revelar las pruebas de las que disponía la
fiscalía en su contra y sirvió como base para que el togado no los cobijara con
prisión.
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exalcalde de Santa Marta
Pero la decisión del despacho no fue del agrado del director seccional,
quien declaró en una conferencia de prensa el viernes que: ‘nosotros respetamos
la decisión del juez de control de garantías, pero hay decisiones de los jueces
que son abiertamente contrarias a la ley. Consideramos que esa decisión fue
desacertada y arbitraria. No se puede echar tierra a un proceso con esa
actitud’. ‘Vamos a ver qué pasa frente a la apelación que nosotros hicimos y si
hay motivos para que contra él se inicie una investigación’, remató el fiscal
en una de sus afirmaciones ante los medios.
Y es que uno de los reproches que han hecho los imputados a la
fiscalía es que durante varios meses, ante los rumores de que serían detenidos,
trataron de comunicarse constantemente con el Fiscal General, Néstor Humberto
Martínez, el fiscal del caso, Salustiano Fortich y el director seccional
Vicente Guzmán, sin obtener nunca respuesta a sus solicitudes.
En respuesta, el juez dirigió una carta al director seccional de
fiscalías el sábado, en la que lo invitó a consultar los audios de la audiencia
y le dijo que hubo una clara omisión del fiscal al no dar traslado del material
probatorio a las partes. ‘La afirmación que realiza es inexacta y afecta el
derecho fundamental a mi buen nombre , puesto que a los ojos de la opinión
pública quedé como si hubiera actuado de manera torcida y caprichosa, lo que no
es cierto, por lo cual solicito muy respetuosamente se haga la aclaración
respectiva con el mismo despliegue’.
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Aunque el caso habría podido concluir en una simple diferencia
de criterio jurídicos, se amplió en el momento en el que el juez añadió que
‘quizá la retaliación en su contra se deba a que no atendí la invitación
que recibí de parte suya para que acudiera a su oficina en pleno desarrollo de
esa audiencia, lo cual consideré inapropiado, de lo cual pueden dar fe los
custodios que me acompañaban en ese momento’.
Este lunes, siguiendo la misma novela judicial, el director
seccional respondió nuevamente diciendo que no era cierto que hubiera invitado
al juez a su despacho, sino que le solicitó que no recluyera a los mandatarios
en el casino de suboficiales de la policía porque él también estaba viviendo en
ese sitio.
La polémica está matizada con acusaciones de parte del exalcalde
Caicedo contra la fiscalía a la que considera que están usando como ‘arma
política para forzar a los políticos tradicionales a respaldar las aspiraciones
de Vargas Lleras y a los políticos de centro izquierda como él y Petro, les
arman investigaciones judiciales para sacarlos del proceso electoral’.
Ante esta afirmación, el fiscal Vicente Guzmán, afirmó que ‘la
fiscalía no tiene agenda política‘. ‘Yo no vine aquí dijo Guzmán,‘ quien se
desempeñaba como director seccional de fiscalías de Cartagena antes de ser
trasladado a Santa Marta, ‘a hacer ningún mandado político, tengo una
trayectoria de 25 años en la fiscalía y tampoco hago parte de ningún cartel’,
ante acusaciones reiteradas del exalcalde Caicedo, quien lo acusa de pertenecer
al Cartel de la Toga.
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El lunes al mediodía el exalcalde Carlos Caicedo anunció
que sus abogados iban a revisar las declaraciones del director seccional de
fiscalías Vicente Guzmán, para recusarlo porque sus ‘declaraciones son una
claro prejuzgamiento y amenazas de manera pública. El director seccional de
fiscalías se puso en evidencia al calificar la decisión del juez como
arbitraria’.
Este miércoles, los seguidores del precandidato presidencial
Carlos Caicedo, tienen prevista una marcha contra la decisión de la fiscalía
para poner el foco de las investigaciones en su contra mientras centenares de
procesos de corrupción que él ha denunciado contra elefantes blancos que ha
habido en Santa Marta y el Magdalena, duermen el sueño de los justos.
De acuerdo con esos seguidores, uno de esos casos sería el de la
fracasada Vía de la Prosperidad que fue firmada por el exgobernador Luis Miguel
Cotes Habeych, a la que se destinaron hace cuatro años 462.000 millones de
pesos para construir 52 kilómetros entre los corregimientos de Palermo y
Guaymaro, y que sigue siendo un inmenso polvorín sin pavimentar.
Cortesia: LaSemana.Com
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