Hasta los 'cachos' tuvieron protagonismo en las 'chuzadas'

La imputación de cargos contra el general (r) Humberto Guatibonza, uno de los oficiales más emblemáticos de la Policía, y otras dos personas más reveló nuevos detalles de cómo supuestamente operó una red de chuzadas manejada por oficiales retirado con experiencia en inteligencia militar. 

La Fiscalía explicó paso a paso que una hacker radicada en Ipiales (Nariño) recibió órdenes del coronel (r) Jorge Humberto Salinas, el cerebro de la organización, para interceptar y violar la intimidad de cientos de colombianos. “Se ordenó chuzar desde a un esposo infiel hasta al fiscal general de la Nación”, fueron las palabras del fiscal del caso para resumir la investigación que comenzó a finales de diciembre de 2017.

La génesis de todo es una fiscal de Pasto que investigaba una denuncia interpuesta el 5 de mayo de 2017 por el robo de hidrocarburos en la vía Panamericana. En esa investigación se identificó al coronel (r) del Ejército Carlos Andrés Pérez, quien era el jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales, como uno de los responsables. Al hacer seguimiento a sus comunicaciones, las autoridades identificaron a María Alicia Pinzón Montenegro, una hacker que creó y perfeccionó un software desde 2006 para interceptar mensajes Whatsapp, llamadas y recuperación de datos. Para diciembre de 2017 se prendieron las alertas, pues se descubrió que Pinzón intentó chuzar al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz.

El caso llegó al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Se identificaron otras líneas, pero se desconocía quiénes estaban hablando. La investigación se enderezó gracias a un informe de inteligencia de Ecuador del pasado 9 de mayo, en el que alertaron que oficiales retirados del Ejército colombiano les estaban ofreciendo servicios de interceptación de comunicaciones. Cuando los investigadores de la Fiscalía comenzaron a indagar, se dieron cuenta de que eran el coronel (r) Jorge Humberto Salinas y el mayor (r) Luis Mesías Quiroga, quienes también resultaron ser los hombres que constantemente se comunicaban con la hacker Pinzón para darle órdenes de chuzar ciertos números telefónicos.

La Fiscalía unió cabos sueltos, monitoreó sus conversaciones y logró establecer que ellos eran los cerebros de una red que funcionaba desde Ipiales y dos oficinas en Cali. El pasado 3 de agosto capturaron al coronel (r) Salinas, el mayor (r) Quiroga, la hacker Pinzón y el coronel (r) Pérez. Los tres primeros fueron arrestados en la casa de Pinzón mientras trabajan en sus computadores, en los que estaban consignadas todas las pruebas de las chuzadas ilegales. Al verse contra las cuerdas decidieron colaborar con la Fiscalía. La primera en hacerlo fue María Alicia Pinzón, quien dio acceso a las 175 carpetas en las que consignaron toda la información recopilada ilegalmente para sus clientes.

El coronel (r) Salinas fue el segundo en hablar. Explicó cómo comenzó la red, que tenía la capacidad de interceptar datos, llamadas, acceder bases de datos y violar la intimidad de las personas a las que sus clientes querían chuzar. Salinas dijo que conoció a María Alicia Pinzón cuando era oficial de inteligencia del Ejército, ya que ella era una de sus fuentes humanas. Aseguró que tras su retiro fue contratado como jefe de seguridad de Ferrocarriles del Pacífico y que en esa época, para resolver un problema interno de seguridad, acudió a la hacker para que con su software interceptara los Whatsapp de trabajadores que al parecer estaban robando a la empresa. Desde ese entonces sellaron su sociedad y el coronel (r) Salinas contrató a Pinzón por $3 millones mensuales.

Para dejar constancia de todo el material que le enviaba la hacker, el coronel Salinas (r) creó en su computador un archivo llamado “Ferrocarriles del Pacífico”. Fue en esa misma carpeta en la que se encontraron los 175 expedientes de los clientes que accedieron a la organización. En sus declaraciones a la Fiscalía, el coronel (r) Salinas y Pinzón dieron a conocer los nombres de quienes supuestamente oficiaron como sus socios a través de distintas empresas de seguridad. Ahí aparecieron mencionados el general (r) Guatibonza, Carlos Arenas, Juan Carlos Madero y Julián Villarraga, a quienes señalaron de ser los encargados de conseguir clientes a cambio de un porcentaje del negocio.

El caso Guatibonza

“Con el general (r) Guatibonza había una intención clara en temas de consultoría, seguridad y capacitaciones investigativas. Estaba la intención de abrir oficina en Ecuador y en los casos que él me pidió apoyo, él sabía exactamente lo que se hacía. Recuerdo tres casos en particular, como lo fue la recuperación de mensajes de Whatsapp de unos teléfonos que él me pasó, el caso de cobre, que era una pérdida de material en una empresa petrolera en los Llanos, y el caso de infidelidad de un amigo suyo”, declaró Salinas, el pasado 7 de septiembre, ante la Fiscalía.

Según la Fiscalía, a través de las empresas JHS Consultores, de Salinas; Quarkom, de Madero; Global Log Security, VIP Security, A&G Seguridad y Humberto Guatibonza Consultoría S.A.S. (el subgerente era Carlos Arenas), los capturados crearon una empresa criminal en la que se ofrecían servicios de interceptaciones de comunicaciones telefónicas y de Whatsapp (incluidos chats y llamadas), blindaje de equipos contra hackers, acceso a bases de datos y hasta registros de llamadas entrantes y salientes. Todo bajo la fachada de una asesorías en seguridad. “Eran socios, conseguían los clientes, recibían los pagos. Si ellos no existían, no se realizaban las interceptaciones”, sostuvo en audiencia el fiscal del caso Daniel Hernández.

En su interrogatorio, el coronel (r) Salinas explicó que la relación con el general Guatibonza empezó en septiembre de 2017, cuando Carlos Arenas, oficiando como representante de las empresas del oficial retirado, le expresó su deseo de trabajar en conjunto. Supuestamente, uno de los primeros trabajos que hicieron fue identificar las IP desde las que se estaban comunicando por Facebook los secuestradores de un importante empresario antioqueño. Asimismo, Salinas sostuvo que comenzaron trabajos con la empresa Pepsico y que colaboraron con la identificación de unos personajes que estaban intimidando al alcalde de Mesitas del Colegio (Cundinamarca) por redes sociales.

Al avanzar en las pesquisas, la Fiscalía encontró que en las comunicaciones entre María Alicia Pinzón y Salinas se hablaba de un tal Guati y Don Humberto. Es más, la primera aparición del general (r) Guatibonza en el radar de las autoridades se dio en una comunicación interceptada el 15 de diciembre de 2017. En esa llamada, el coronel (r) Salinas le pedía a la hacker acelerar la recuperación de una información de Whatsapp que había solicitado Guati. De ahí en adelante, el nombre del exdirector de la Policía de Bogotá fue recurrente.

Para junio de 2018, los investigadores también escucharon conversaciones en las que aparecían Carlos Arenas y Mauricio Molina, gerente de la empresa A&G Seguridad. En una de esas, el coronel (r) Salinas le recriminó a Molina que supuestamente Carlos Arenas estaba haciendo un “porfuerazo” con un negocio con Davivienda. Además, entre las llamadas interceptadas a los miembros de la red se escucha hablar de un viaje a Ecuador al que irían Salinas y Guatibonza a mediados de este año, para intentar cerrar un negocio con el coordinador de la Secretaría de Inteligencia de Esmeraldas (Ecuador).

Entre las pruebas de la Fiscalía para demostrar la relación de Gautibonza con Salinas hay cinco llamadas en las que los dos aparecen hablando sobre solicitudes para recuperar mensajes de Whatsapp, información sobre un caso denominados “Providencia o Incauca” (que trataría de un directivo de Incauca al que estarían extorsionando) y un viaje a Ecuador. En una conversación de junio pasado, Guatibonza le preguntaba a Salinas: “¿Hizo algo con los Whatsapp? (…) ¿Ya hizo algo de lo que le pedí la semana pasada?”. A lo que el coronel (r) respondió qué sí, que ya tenía lo de un mes adelantado.

Para la Fiscalía, Guatibonza y los implicados conocían plenamente las actividades ilegales que realizaban, pues les entregaron informes semanales y mensuales. Además, en los allanamientos a la oficina de Salinas, JHS Consultores, se encontraron tableros con los nombres de las órdenes a realizar, los números de teléfono a interceptar y las tareas faltantes. Asimismo, la Fiscalía encontró una reciente conversación por la aplicación Telegram entre Salinas y Guatibonza, en la que el segundo le advertía al general (r) que uno de los números a los que le pidió hacer seguimiento “estaba caliente”, por lo que no se podía hacer más “porque generaba alertas”.

Los investigadores también hallaron en los computadores una serie de carpetas que corresponderían a los clientes de Guatibonza y Arenas. La primera se llamaba “Herencia” y sería un trabajo realizado en noviembre de 2017 por $1’200.000 para interceptar comunicaciones de una familia en disputa. Otra se denominaba “Providencia o Incauca”, que hacía referencia a un proceso en el que se interceptaron 13 líneas telefónicas a cambio de $4 millones. La lista la cerraban otras denominadas “Guati”, “Jairo” (que hace referencia a un policía retirado que trabaja con Guatibonza) y “Estudio 28.000” (búsqueda de estudios financieros y descargas de mensajes de Whatsapp).

Uno de los capítulos más delicados de este caso —que nada tiene que ver con el general Guatibonza, Arenas y Villarraga— es la orden que impartió el ingeniero Juan Carlos Madero para chuzar al fiscal general, Néstor Humberto Martínez. A Madero, quien fungió como intermediario a cambio de un 25 % del negocio por traer clientes, lo capturaron el pasado viernes. Según la Fiscalía, Salinas declaró que el ingeniero habría sido también el emisario del senador Armando Benedetti para supuestamente interceptar las comunicaciones a siete líneas relacionadas con el abogado Jaime Lombana y para hacerle seguimientos a su hijo. Esa carpeta se denominó “Gordos”.

La Fiscalía descubrió que el intento de “chuzar” al fiscal general y a su esposa se denominó “Faro 6”, dentro de un archivo llamado “Trabajo Especial Prima de Navidad”. Los hechos habrían sucedido a finales de 2017, época en la que Juan Carlos Madero solicitó a Salinas que buscara la ubicación de “Faro” (como denominaban al fiscal general) para los días 26, 27 y 28 de mayo del año 2014, y “conversaciones con relación a recoger unos dineros para (la) campaña (presidencial)”, según se lee en el documento que hace parte de las pruebas de la Fiscalía. Los investigadores buscan establecer si esa solicitud de Madero era un favor para el senador Benedetti.

La Fiscalía les imputó a todos los capturados por estos hechos los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo al sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales. Para el fiscal del caso, se trata de una organización criminal que es un peligro para la sociedad, porque violaron la intimidad de cientos de colombianos e intentaron construir un negocio de fiscalías paralelas para “chuzar” ilegalmente. “Acceder a sistemas informáticos es una labor de la Fiscalía que debe ser autorizada por un juez”, agregó. El objetivo ahora es identificar una a una las víctimas de esta red y a un segundo hacker, del que María Alicia Pinzón aún no ha querido decir su nombre.